El Servicio de Impuestos Internos ha estado aplicando criterios restrictivos que declaran inadmisibles ciertas Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF), lo que genera serias dudas sobre la protección de los derechos de los contribuyentes.
Esta práctica no solo puede afectar el derecho a la defensa y al debido proceso, sino que también podría contravenir principios constitucionales fundamentales, como la legalidad de los impuestos, igualdad ante la ley y el respeto a la propiedad.
En mi columna publicada en El Mercurio Legal en enero de este año, analizo en detalle estas inadmisibilidades, sus implicancias y los riesgos que representan para el cumplimiento tributario. ¿Estamos frente a un uso excesivo de facultades por parte del SII?
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